Cómo trabajar con su distrito escolar para obtener los servicios

El abogado George Zelma centra su práctica en la ley de educación especial. Hablamos con Zelma sobre el tipo de casos que maneja, el tipo de conflictos que pueden surgir y lo que ha aprendido acerca de cómo trabajar con el distrito escolar local para obtener la colocación y los servicios que su hijo necesita.

¿Qué tipo de situaciones llevan a los padres a llamar a un abogado?

Generalmente nos contactan para que ayudemos a los padres cuando hay una disputa sobre lo que el niño necesita y a lo que tiene derecho.

Según la ley, cuando un niño tiene dificultades, un padre (o un maestro u otro profesional) puede hacer lo que se llama una “referencia” al Comité de Educación Especial, en la que se indica la necesidad de hacer una evaluación, que es como decir: “Veo algo aquí”.

Esta orden de referencia pone en marcha un proceso que conduce a un programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para el niño. El IEP tiene que abordar tanto el desempeño académico del estudiante, como su desempeño social, sus necesidades y sus metas. También hará una recomendación sobre el tipo de programa en el que debe estar, por ejemplo, “este niño debe estar en un seis a uno y uno”, lo que significa seis estudiantes, un maestro y un asistente educativo.

Ahora bien, si hay una disputa entre los padres (que por ley son miembros del equipo del Comité de Educación Especial) y el distrito escolar o, en el caso de la ciudad de Nueva York, con el Departamento de Educación, hay pasos que los padres pueden seguir para resolver el desacuerdo. Ahí es donde podríamos entrar nosotros.

¿En qué podría radicar el desacuerdo?

En ocasiones los padres piden que se les otorguen ciertas cosas como parte del programa de la escuela pública, como tecnología de asistencia o que se asigne un asistente para su hijo. Otras veces, lo que buscan es una colocación en una escuela privada.

¿Por qué motivos solicitarían los padres una colocación en una institución privada?

La ley dice que todo estudiante tiene derecho a una “educación pública, apropiada y gratuita” o “FAPE”, como se le conoce más ampliamente por sus  siglas en inglés. Cuando los padres sienten que se les ha ofrecido un programa y una colocación que no es apropiada para su hijo, la ley permite que encuentren una colocación por su cuenta (“unilateralmente”) y que se les reembolse este costo, si se dan ciertas condiciones que puedan ser probadas.

Los padres podrían sentir que el grupo de estudiantes con el que se ha colocado a su hijo podría crear problemas. Por ejemplo, cuando un estudiante que no tiene un trastorno emocional es colocado en un salón con estudiantes con trastornos emocionales. Un estudiante con dislexia que tiene un alto coeficiente intelectual, probablemente ha sido colocado de manera inadecuada en una clase con compañeros que tienen un nivel de desempeño mucho menor. Algunos estudiantes necesitan un programa basado en el lenguaje a lo largo del día.

El padre de un niño autista podría estar de acuerdo con el programa que se le recomienda (por ejemplo, el de seis a uno y uno), pero no con la asignación escolar en particular. Tal vez el entorno escolar no sea el adecuado para ese estudiante. Por ejemplo, podría haber barreras físicas o demasiados estudiantes, así como demasiadas distracciones y sobreestimulación.

O tal vez a un niño le está yendo mal en su colocación actual. En octubre, podría ser que los padres vinieran con nosotros y nos dijeran: “Ya iniciamos el año escolar, pero al parecer no está funcionando. Mi hijo de seis años parece angustiado”. A veces los padres vienen y ya han identificado una escuela a la que les gustaría enviar a su hijo. Así que puede haber muchas situaciones por los que nuestros servicios legales y de defensa sean solicitados.

¿Qué puede hacer usted para aumentar las posibilidades de conseguir lo que considera que necesita un niño?

En mi experiencia, las disputas pueden surgir cuando el personal de la escuela ya ha tomado algunas decisiones preliminares, antes de que los padres entren en la sala del comité. A ellos se les permite reunirse antes de que los padres se incorporen. Así que trato de hacer lo que yo llamo “despliegue anticipado” para que los miembros escolares del Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) tengan lo antes posible toda la información y los datos valiosos, así como las evaluaciones neuropsiquiátricas, y de esta manera, tengan tiempo suficiente para considerar las necesidades del estudiante, en lugar de simplemente abordar el tema sin más.

Creo que es importante llegar a ellos. Tratar de hablar y decir: “Mire, aquí hay un reporte. Esto es lo que dice. Y luego darle al CSE la oportunidad de discutirlo de manera profesional, según lo amerite la situación. Porque una vez que los miembros del CSE han tomado una decisión, por cualquier razón, será más difícil modificarla. Por eso es tan crucial el componente neuropsíquico o cualquier prueba que sea apropiada para un niño en particular, porque eso es lo que en última instancia indicará cuáles son las necesidades de este niño. Entonces, en términos legales, si usted lo pide, es muy probable que consiga que la recomendación del reporte sea considerada seriamente y, de ser posible, integrada al IEP.

Nuestro enfoque es tratar de describir lo que el estudiante experimenta realmente en el aula, no solo presentar su diagnóstico. Será mucho más fácil conseguir lo que se necesita si se hace esto, porque muestra con claridad el perfil de aprendizaje y experiencia particular del niño. Cuando es posible transmitir las cosas desde el punto de vista del estudiante, cómo percibe un momento en particular, se vuelve más fácil redactar el IEP.

¿Es cierto que cada vez es más difícil para los padres obtener el reembolso por una colocación en una institución privada?

Hasta aproximadamente 2005, era más fácil demostrar con éxito lo que un niño necesitaba. Luego, las decisiones judiciales comenzaron a volverse en contra de los padres. Ahora, muy a menudo, los padres son prácticamente llevados a juicio.

Dos casos de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Burlington y Carter, sostuvieron que los padres deben poder demostrar que han cooperado con los esfuerzos del distrito escolar en la creación del IEP y que, por lo tanto, las “acciones” favorecen el reembolso. Pero en los últimos años, se les dice a los padres: “Usted mantuvo una mente cerrada. No tuvo realmente una mente abierta en esto”. Por ejemplo, se les pregunta cuándo se decidieron por una institución privada. ¿Cuándo firmaron el contrato? Esto puede llevar a algunas verdaderas dificultades y obstáculos, porque algunas de las oportunidades en las escuelas privadas (como los asientos o las camas) se van rápidamente, y se les pide a los padres que se comprometan contractualmente desde febrero o marzo para el siguiente año escolar. Y si su hijo no va bien, usted no querrá perder otro año escolar. Así que se pone a los padres injustamente entre la espada y la pared para demostrar que las acciones favorecen el reembolso de la matrícula.

¿Qué papel desempeñan los maestros en el proceso?

Se supone que los maestros refieren a los niños a educación especial cuando creen que es lo apropiado, pero hay un retroceso debido a las finanzas. Así que algunos maestros pueden quedar atrapados en el medio. Este es el único campo de la ley en el que me he visto afectado cuando algo así sucede. Estás en una audiencia, en un descanso para el café, y el maestro dice a los padres que han solicitado la asignación unilateral y a mí: “Usted está haciendo lo correcto”. Pero luego, vuelven a la sala de audiencias y dicen: “Sí, nuestro programa es adecuado”, porque están obligados administrativamente a hacerlo y porque se sienten nerviosos de perder sus trabajos.

Es muy confuso para los padres, porque a ellos los maestros les dicen que tienen que hacer algo, y cuando tratan de hacer valer sus derechos conforme a la ley, tienen a los mismos maestros diciendo en la sala de audiencias: “Nuestro programa es completamente adecuado”.

¿Qué obstáculos deben anticipar los padres?

Una piedra angular de la ley es que un niño debe ser educado en el “ambiente menos restrictivo” adecuado para él. Esto proviene de los días en que los niños eran depositados, guardados en algún lugar sin que nadie los viera, y se les permitía pasar las vacaciones de septiembre a junio sin estudiar nada. Esos niños se quedaron atrás no solo en lo educativo, sino también social y emocionalmente, y el resultado es que son niños que realmente tienen menos probabilidades de hacer la transición a una adultez joven e independiente.

A mi juicio, este gran concepto de “ambiente menos restrictivo” ha cambiado. Ahora, si un padre quiere poner a un niño en una escuela privada, el distrito viene y dice: “Bueno, eso es demasiado restrictivo, pues no tendrá ningún acceso a los estudiantes que están aprendiendo de manera convencional”. Es importante que los padres puedan demostrar que las necesidades de su hijo requieren el tipo de ambiente por el que están pidiendo el reembolso.

¿Así que eso puede ser usado para mantener a un niño en un aula convencional, incluso aunque los padres crean que no está funcionando?

Bueno, sí. Por eso es muy importante tener datos de apoyo en las evaluaciones y los registros escolares, para probar que la colocación que están rechazando no fue calculada para satisfacer las necesidades del estudiante, y que los padres son quienes tuvieron que financiar una colocación adecuada por su cuenta.

Entonces, ¿cuál es la lección que debemos sacar de esto?

Todavía es muy posible obtener resultados favorables, pero es como caminar por un campo minado, y hay que tener mucho cuidado de no pisar alguna mina. Así que pueden decir: “Sí, no ofrecimos FAPE, y sí, la escuela que eligieron era apropiada, pero no cooperaron. Se decidieron demasiado pronto”. O la escuela que escogieron no ofrece el ambiente menos restrictivo. Así que para ganar, es necesario una mayor preparación por parte de los padres y sus representantes.

La ley (IDEA) sigue siendo un gran estatuto progresista aprobado por el Congreso para nivelar el campo de juego para los estudiantes con problemas de aprendizaje. Si se presentan evidencias de las necesidades del niño, los requerimientos conforme a la ley para obtener un programa y colocación apropiados para satisfacerlas, son reconocidos hasta cierto punto en el proceso del IEP.

Los abogados George Zelma y David Berlin son abogados litigantes y defensores que atienden las necesidades de familias y niños en el Estado de Nueva York. También producen películas documentales para educar a los estudiantes convencionales sobre las necesidades de sus compañeros de educación especial.